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Violaciones a los derechos humanos ocurridas en el incidente del 15 de junio

El 15 de junio de 2012 se realizó una acción de desalojo del inmueble, a raíz de una denuncia del delito de invasión de inmueble ajeno planteada por la empresa Campos Morombí. Desde hacía aproximadamente un mes, un pequeño grupo de campesinos y campesinas ocupaba el inmueble en disputa, denunciando la corrupción judicial existente y demandando que el Indert resuelva la cuestión, defendiendo el patrimonio público para su destino a la reforma agraria.

Todo el operativo del desalojo fue llevado adelante en un marco de incorrección y ausencia de debido proceso. La presencia de dos agentes fiscales no supuso ningún tipo de control jurisdiccional sobre todo el procedimiento. Del mismo modo, resulta evidente que el mandamiento judicial no autorizaba en modo alguno a proceder al desahucio de los ocupantes. En el mismo sentido, el requerimiento de la orden de allanamiento y el mandamiento judicial en sí tenían serios problemas formales y substanciales en el fundamento de su legitimidad para sostener una intervención de tipo penal ante la ocupación campesina.

El procedimiento derivó en un enfrentamiento al término del cual quedaron 17 personas muertas y un número indeterminado de heridos y heridas por arma de fuego, entre policías y civiles. La Codehupy sostiene que los organismos jurisdiccionales del Estado, en particular el Ministerio Público, cuentan con suficientes elementos de prueba que justifican la investigación sobre la necesidad y proporcionalidad del uso de armas de fuego durante el operativo del 15 de junio de 2012. Existen numerosos elementos de convicción que señalarían la posible responsabilidad de funcionarios públicos en la privación arbitraria de la vida de al menos siete de las víctimas fatales civiles, quienes fueron identificadas por la investigación como Avelino Espínola, Adolfo Castro, Andrés Avelino Riveros, Luciano Ortega Mora, Delfín Duarte, Francisco Ayala y Fermín Paredes González.

Respecto de estos casos, la Codehupy encontró evidencia que sustenta la sospecha que el uso de la fuerza letal en contra de estas personas no fue necesario ni proporcional. En algunos casos, los testimonios y las observaciones del médico forense asentadas en la carpeta fiscal indicarían que estas ejecuciones arbitrarias se cometieron como actos de venganza perpetrados por agentes policiales sobre civiles que estaban heridos o que se habían entregado.

Una vez acabado el enfrentamiento, se habría dado un tratamiento inhumano a los heridos y heridas sobrevivientes que fueron capturados por la Policía en el momento del desalojo. En algunos casos, incluso, la Policía habría torturado a las personas heridas, antes de permitir su evacuación. El rescate y la atención médica de las instituciones y servicios públicos priorizaron a los policías heridos, sin brindar un tratamiento igualitario a los y las civiles que se encontraban en las mismas condiciones y riesgos.

Un hecho de la mayor gravedad fue el vacío de poder que supuso la omisión del Ministerio Público en garantizar la protección de las personas que sobrevivieron al enfrentamiento, quienes no pudieron ser rescatadas y evacuadas debido al cerco policial y militar que se estableció alrededor de Marina Cué en la tarde del 15 de junio. La presencia amenazante de la policía y la inacción del Ministerio
Público en el cumplimiento de su deber de proteger personas obstaculizaron una respuesta institucional que permitiera la organización de un servicio de atención y evacuación de los heridos y heridas por parte de las entidades del sistema de
salud pública.

La Codehupy ha recogido testimonios y examinado evidencia que llevan a concluir que aproximadamente unas nueve personas detenidas en ese operativo fueron víctimas de tortura o, al menos, tratos crueles e inhumanos, por parte de los agentes de Policía. Estas torturas fueron infligidas en el momento de la detención, en el traslado de la ocupación a bordo de las patrulleras y ya en la Comisaría 5ª de Curuguaty.

Asimismo, en la jornada ndel 15 de junio, la Policía perpetró al menos tres detenciones arbitrarias. Ninguna de estas tres personas estuvo en la ocupación o tenía vínculos con la organización de sin tierras. Sin embargo, las tres fueron imputadas por la Fiscalía por todos los cargos, incluido por el homicidio doloso calificado de los policías. Una de ellas continuaba hasta el cierre del presente informe guardando prisión preventiva, en una situación ilegal y abusiva.

 

Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (2012). “La matanza de Curuguaty. Informe de derechos humanos sobre el caso Marina Cué” en: Codehuhupy (2012). Yvypóra Derécho Paraguáipe – Derechos Humanos en Paraguay 2012. Asunción: Codehupy, pp 583-590.

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