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La investigación oficial de los hechos

Si bien las actuaciones procesales aun se encuentran dentro de un plazo razonable, se registran notorios déficit en los términos requeridos por el derecho internacional de los derechos humanos.

El Estado paraguayo tiene la obligación, a la luz del deber estatal, de investigar, enjuiciar y castigar las ejecuciones arbitrarias. El Estado tiene la obligación de realizar una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial de los hechos de Marina Cué, para esclarecer si el uso de la fuerza obedeció estrictamente a los criterios de necesidad, proporcionalidad, humanidad y distinción que la legitiman.
Un primer aspecto deficitario guarda relación con la imparcialidad del equipo de investigación asignado al caso. En las circunstancias institucionales en las que se conduce la investigación del caso Marina Cué, esta condición básica de imparcialidad de los investigadores no está satisfecha.

Los dos fiscales que fueron los directores del operativo desplegado el 15 de junio de 2012 conformaron el equipo de investigación designado por la Fiscalía General del Estado para investigar la masacre. Uno de ellos continúa al frente del caso hasta el presente. Para la Codehupy, resulta indudable que la máxima autoridad institucional de la Fiscalía General del Estado cuenta con suficientes elementos de convicción para investigar a ambos fiscales por sus posibles responsabilidades en el caso. Además de haberse excedido en el mandamiento judicial de allanamiento, podría existir responsabilidad personal de ambos funcionarios por haber autorizado y tolerado que el personal policial operativo utilizase ilegítimamente sus armas de fuego, y por no haber adoptado las medidas necesarias que razonablemente estaban a su alcance y potestad para regular la proporcionalidad del uso de la fuerza en el operativo.

Vinculado a este vicio de origen, la Codehupy señala que la investigación tampoco satisface la condición de exhaustividad, porque no se investigó la necesidad y proporcionalidad del uso de la fuerza por parte de los agentes públicos, de modo a determinar la legalidad del uso de las armas de fuego. La investigación llevada adelante por la Fiscalía únicamente apunta a demostrar la responsabilidad de
las y los civiles en las 17 muertes y las lesiones sufridas por policías y civiles. No se abrieron líneas de investigación para examinar situaciones de abuso de las fuerzas policiales, tanto en la ejecución de las víctimas como en el tratamiento inhumano de las y los heridos y sobrevivientes.

Este encuadre sesgado que limita la investigación oficial afecta considerablemente la eficacia de la prueba. El organismo de investigación no recabó el testimonio de las y los civiles que se encontraban presentes en el lugar, quienes serán imputadas e imputados en su totalidad teniendo en cuenta la teoría del caso formulada por la Fiscalía. La escena del crimen fue contaminada antes de su inspección y existen convincentes testimonios que indican la preconstitución de pruebas para el fundamento de la versión policial de los hechos, en particular el abandono de cadáveres. Esta circunstancia indica una gravísima infracción de los “Principios
relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”.

Estos elementos eran y son de conocimiento de la máxima autoridad institucional del Ministerio Público. Estas circunstancias justifican que por lo menos se investigue la responsabilidad administrativa de las y los fiscales y del magistrado judicial que tomaron intervención en el desalojo, sin perjuicio de la responsabilidad individual penal por las omisiones en el deber de controlar el uso de la fuerza de los policías a cargo del operativo.

Del mismo modo, a la Codehupy le preocupa hondamente que la investigación oficial no haya evitado la posibilidad de introducción de pruebas preconstituidas y la vulneración de la cadena de custodia de las evidencias. Específicamente, es preocupante que en el acervo probatorio se haya incorporado un arma de fuego que consta documentadamente que no fue hallada en el lugar de la escena del crimen.

En este sentido, es preocupante que sean admitidas en la investigación pruebas que no tienen valor legal en el derecho paraguayo y que violan el derecho de la defensa de conocer a los testigos e interrogarlos estando presentes ante el tribunal. En esta línea se encuentra un informe policial agregado como prueba en la carpeta de investigación fiscal que utiliza la información proporcionada por un informante anónimo o confidencial.

No se encuentran accesibles a la defensa los protocolos de autopsia y las pericias balísticas practicadas en el caso. Estas pruebas son fundamentales en la investigación sobre ejecuciones arbitrarias y para determinar si el uso de la fuerza letal por parte de funcionarios públicos autorizados para hacer cumplir la ley se ajustó a los criterios de necesidad, proporcionalidad, humanidad y distinción, conforme al derecho internacional de los derechos humanos.

Un último aspecto preocupante con las investigaciones tiene relación con el abuso de la prisión preventiva y la arbitrariedad con la que se involucró a tantas personas en la persecución penal en el caso. Existen fundados temores que la irrazonabilidad de las órdenes de detención y autos de prisión preventiva dictadas en contra de personas que sobradamente han demostrado no tener vinculación
alguna con los hechos investigados sea indicativa de un contexto mayor de falta de garantías para un juicio justo. Muchas personas se encuentran procesadas y otras tantas en prisión, sin que la Fiscalía pueda formular la imputación concreta de una conducta ilícita respecto de ellas. En la causa existen circunstancias que no están siendo investigadas para el esclarecimiento de los hechos. Además, la Fiscalía no ha presentado pruebas concretas que esclarezcan cómo las personas imputadas y detenidas han participado en la muerte de los policías.

La Codehupy manifiesta que la obligación de investigar y sancionar las ejecuciones arbitrarias no puede cumplirse en menoscabo de las más elementales normas que rigen el derecho al debido proceso, que garantizan que todas las personas acusadas de un ilícito penal tendrán un juicio justo. En las condiciones actuales del caso, estas garantías básicas no parecen estar aseguradas ni respetadas.

El procedimiento fiscal y judicial adelantado por el Estado paraguayo en el caso Marina Cué no puede legitimar un resultado justo porque no tiene condiciones de imparcialidad y eficacia de la prueba, así como mínimos de respeto a las garantías del debido proceso de los imputados.

A más de cinco meses de los sucesos de Marina Cué, la sociedad paraguaya en su conjunto interpela insistentemente con la pregunta “¿Qué pasó en Curuguaty?”. Es un derecho de la sociedad paraguaya conocer la verdad de lo sucedido. Es una obligación jurídica del Estado paraguayo esclarecer el caso. Una deuda con todas las personas que murieron y sus familiares. Con todas las que fueron
heridas, torturadas o detenidas injustamente por este caso. Es una obligación jurídica del Estado garantizar a todas las personas un juicio justo, sin perseguir arbitrariamente a inocentes.

La Codehupy denuncia el conjunto de violaciones a los derechos humanos que se dieron en este caso y demanda al Estado paraguayo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial de los hechos de Marina Cué.

Quizá sea el momento oportuno para que el Estado paraguayo implemente las medidas que ofrece el derecho internacional de los derechos humanos para casos como el presente. Los “Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias” (principio 11) establecen que, en aquellos casos en los que los recursos ordinarios previstos en
la ley para la investigación de los hechos punibles resulten “insuficientes debido a la falta de competencia o de imparcialidad, a la importancia del asunto o a los indicios de existencia de una conducta habitual abusiva, así como en aquellos en los que se produzcan quejas de la familia por esas insuficiencias o haya otros motivos sustanciales para ello”, se deberán conformar comisiones independientes de investigación que tendrán a su cargo el esclarecimiento de los hechos. El informe final de estas comisiones independientes de investigación será puesto a disposición de los organismos jurisdiccionales competentes para que sean juzgadas las
personas que fueren halladas responsables.

 
Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (2012). “La matanza de Curuguaty. Informe de derechos humanos sobre el caso Marina Cué” en: Codehupy (2012). Yvypóra Derécho Paraguáipe – Derechos Humanos en Paraguay 2012. Asunción: Codehupy, pp 583-590.

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