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Antecedentes

Los sucesos ocurridos en Curuguaty, en el litigio por las tierras de Marina Cué, ocurrieron en el contexto de la criminalización y represión de una protesta campesina por la recuperación de tierras fiscales afectadas a la reforma agraria, que están siendo fraudulentamente ocupadas por la empresa de un hombre de negocios y político del Partido Colorado2, a la vez acaudalado terrateniente.

La organización campesina reclamaba, por la vía legal, la recuperación para los fines de la reforma agraria de un inmueble de 2000 hectáreas, que había sido donado por la empresa La Industrial Paraguaya SA (Lipsa), en 1967, al Estado paraguayo para el asiento de un destacamento de la Armada. La transferencia por escritura pública del inmueble donado nunca fue realizada. Aunque existen numerosos antecedentes administrativos e intercambio de correspondencia entre la Armada Nacional, Lipsa y la Escribanía Mayor de Gobierno durante los años 1982, 1992 y 1994, solicitando envío de documentos y designación de profesionales para la realización de la mensura judicial, la Armada Paraguaya no inscribió el título de propiedad sobre el inmueble en los Registros Públicos.

No obstante la falta de título, el inmueble estuvo efectivamente ocupado por un destacamento de suboficiales y conscriptos de la Armada Paraguaya denominado “Destacamento Naval Agropecuario Km 35 Curuguaty”, según consta en la documentación administrativa de dicha fuerza naval. La ocupación por parte del destacamento fue ininterrumpida desde finales de 1967 hasta finales de 1999, siendo desocupado a partir de esa fecha por presentar problemas logísticos. La toponimia popular denomina a estas tierras Marina Cué debido a este hecho3.

Luego de aproximadamente cinco años de abandono del destacamento de la Armada en el km 35 de Curuguaty, una comisión vecinal de personas sin tierras nucleadas bajo el Movimiento por la Recuperación Campesina de Canindeyú (MRCC) inició las acciones administrativas para la intervención del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), de modo a iniciar el trámite legal correspondiente para afectar las tierras del destacamento a la ampliación de la colonia Yvypytã 1 de Curuguaty. El 19 de abril de 2004 la organización inició el procedimiento administrativo correspondiente. Ese mismo año, las tierras fueron desafectadas de la Armada mediante decreto del Poder Ejecutivo, y transferidas al ente estatal para la administración de la política agraria. En paralelo, el Indert reactivó las gestiones para la transferencia legal del inmueble.

En el año 2005, cuando la institución de referencia inició el juicio de mensura para titular a su nombre estas tierras, la empresa Campos Morombí SAC y A., propiedad del político colorado y empresario Blas N. Riquelme, inició un juicio de usucapión en el que ganó en primera y segunda instancia, en un proceso que tiene varias irregularidades procesales que fueron objeto de sendas acciones autónomas de nulidad por parte de la Procuraduría General de la República y del Indert.

El caso se encuentra todavía pendiente de recurso ante los tribunales, y el título de la propiedad aún se encuentra en disputa legal. Pero en la raíz del conflicto suscitado sobre las tierras de Marina Cué, la Codehupy constató que existe evidencia documentada que señala por lo menos la posible responsabilidad en la administración de justicia por parte de funcionarios y funcionarias judiciales encargados del trámite de los procedimientos que fueron incoados por la firma Campos Morombí SAC y A. para apropiarse indebidamente de las 2000 hectáreas de tierra que fueron donadas por Lipsa al Estado paraguayo en 1967.

Entre las irregularidades procesales, destaca una decisión del 14 de noviembre de 2005, dictada por el juez Carlos Goiburú, por la que se revoca la decisión anterior de correr traslado a la Procuraduría General de la República para que intervenga en juicio en defensa de los derechos patrimoniales del Estado, materializados en el inmueble donado. Esta resolución no está fundamentada y determina la indefensión del Estado, configurando su condición de tercera parte perjudicada.

Existían hechos controvertidos a probar que eran de conocimiento del juez, porque, si bien Lipsa se allanó a la demanda, en su escrito de contestación informó al juzgado que las tierras habían sido donadas al Estado paraguayo para asiento de un destacamento de la Armada, con lo cual el principal argumento de Blas N. Riquelme para plantear la usucapión, es decir, la ocupación ininterrumpida y pacífica de las tierras durante 34 años, quedaba controvertida, y esta cuestión debía ser dilucidada con la donataria.

De haber intervenido en juicio el Estado, se hubiera demostrado que el argumentoprincipal de Riquelme fue una mentira. Se habrían aportado documentos administrativos, mensuras, deslindes y amojonamientos previos, intercambio de correspondencia y declaraciones testificales de suboficiales de la Armada Paraguaya que demostrarían que el Estado tuvo la posesión efectiva y continuada de ese inmueble hasta 1999, y que Campos Morombí reconocía esa posesión.

A lo largo de los ocho años que demoró, y sigue demorando hasta ahora, la gestión administrativa por la recuperación de las tierras de Marina Cué, la organización campesina había realizado siete ocupaciones de las tierras desde el inicio de las gestiones de lucha por las mismas. Las ocupaciones se dieron como estrategia para indicar que Marina Cué era propiedad estatal destinada a la reforma agraria y que las y los ocupantes eran los beneficiarios que estaban gestionando las mismas. Las ocupaciones eran siempre pacíficas, por lo que nunca se acompañaban de acciones violentas ni agresiones. En el fondo había una conciencia clara de que se trataba de tierras del Estado y, en consecuencia, no podían ser reclamadas sino para la reforma agraria. En segundo lugar, al haber un desalojo, las y los ocupantes siempre resolvían retirarse de las tierras de forma pacífica y negociada con las autoridades.

La certeza de que las tierras pertenecían al Estado se fundamentaba también en las acciones que el Indert emprendía para proteger su patrimonio institucional. A partir de 2012, dicha institución se encontraba interviniendo jurídicamente para proteger los derechos del Estado sobre las tierras y de los campesinos y campesinas para reclamarla. El Indert emprendió acciones concretas a fin de frenar los
desalojos basados en reclamos de la empresa Campos Morombí, sin la presentación de títulos. Ante el último desalojo, previo a la masacre del 15 junio de 2012, el ente rector de la reforma agraria dirigió dos notas, al fiscal general del Estado y al comandante de la Policía Nacional, respectivamente. En ambas solicitaba la suspensión de un oficio fiscal que peticionaba el desalojo de la propiedad, hasta tanto se dilucide si el pedido estaba ajustado a derecho y a quién correspondía la titularidad de la finca. El Indert, asimismo, a través de su asesoría jurídica, participaba en las negociaciones para desocupar la propiedad de forma pacífica, aun cuando Campos Morombí no tenía la titularidad de las tierras.

A pesar de la estrategia pacífica adoptada por la comisión vecinal de campesinos sin tierras que impulsaba el reclamo, las acciones llevadas adelante generaron en varias oportunidades la consiguiente reacción del Estado en forma de represión policial e imputación fiscal. La imputación, como modo de represión, era una herramienta efectiva para descabezar a la organización, dejando a los imputados e imputadas sin derecho a solicitar tierras o conformar comisiones ante el Indert. Estas reacciones represivas generaron sucesivos cambios en la dirigencia de base y en sus alianzas con organizaciones políticas y sociales.

 

Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (2012). “La matanza de Curuguaty. Informe de derechos humanos sobre el caso Marina Cué” en: Codehuhupy (2012). Yvypóra Derécho Paraguáipe – Derechos Humanos en Paraguay 2012. Asunción: Codehupy, pp 583-590.

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